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A ambos lados de la frontera

      
<p> Aunque la mayor parte de los habitantes de Arizona apoye la SB1070, al sur de la frontera americana —y entre especialistas americanos en asuntos relacionados con EEUU y México—, la reacción ha sido casi siempre negativa.  <br/></p><p><br/> Hay un mosaico enorme de opiniones entre sus detractores sobre el impacto a largo plazo de la ley. En un extremo están las críticas procedentes de México, que acusan a la ley de racista, comparándola con algunos de los peores excesos de la Alemania nazi. Sus detractores aseguran que la ley podría perjudicar las relaciones interculturales y de raza en Arizona, al mismo tiempo de lo poco, o nada, que contribuye a poner fin a la inmigración ilegal. </p><p><br/> “Tenemos que declarar la guerra a Arizona”, escribió el columnista Ricardo Rocha en el periódico El Universal de México. “Los mexicanos deberían boicotear completamente al Estado: no deberían comprar los productos locales, deberían abstenerse de viajar hacia la región y evitar entrar en sus universidades. Esa ley injuriosa recuerda a la Alemania nazi, cuando los judíos tenían pavor de salir a las calles”, añadió. </p><p><br/> Los mexicanos que desaprueban el proyecto de ley dicen que México tendría que asumir también parte de responsabilidad por la popularidad de la ley, y que EEUU y México deberían, en realidad, negociar una reforma amplia de la inmigración, si es que existe realmente alguna esperanza de detener la llegada de ilegales. En algún punto en medio de todo esto está el Gobierno mexicano, que no se siente totalmente decidido a acusar de forma muy seria a Arizona, ya que el Gobierno de Obama también critica la SB1070. </p><p><br/> El 22 de junio, México presentó un recurso ante el tribunal federal de EEUU en Arizona con el que desafía la constitucionalidad de la ley y solicita que “no sea sancionada”. Con esto, el Gobierno mexicano no dice nada diferente a lo que otros están diciendo. El presidente Barack Obama dijo que el Gobierno americano desafiará el proyecto de Arizona en el tribunal federal. Los ayuntamientos de Seattle y Baltimore aprobaron resoluciones contra la ley, impidiendo inclusive que trabajadores municipales viajaran a Arizona. El Partido Acción Nacional de México (PAN), por su parte, convocó un boicot total al turismo mexicano en Arizona. </p><p><br/> “En general, hay diversas opiniones en México sobre esa ley, y son todas negativas”, dice Rodolfo Cruz, profesor del departamento de estudios de población en la Facultad de la Frontera Norte, en Tijuana, México. “Entendemos la posición de aquellos que quieren boicotear Arizona, sin embargo el posicionamiento del Gobierno mexicano no es tan duro porque existe interés por mantener relaciones comerciales y económicas con el Gobierno americano”.<br/><br/> “No hay un solo académico en México que diga que la ley es buena, pero hay quienes quieren que el Gobierno reaccione mediante un posicionamiento más contundente que favorezca el surgimiento de empleos de mejor calidad en México”, dice Cruz. </p><p><br/><strong>¿Es la nueva ley realmente racista?</strong><br/><br/> Ernesto Camou Healy, investigador del CIAD, Centro de Investigaciones de Alimentación y Desarrollo en Hermosillo, México, señala que “en el fondo, la SB1070 dice que las personas que están en Arizona sin la documentación exigida a los inmigrantes (pasaporte, visado, permiso de residencia, etc.) son criminales y deben ser procesadas” por las autoridades locales. “Si alguien roba o mata, es evidente que debe ser procesado por el aparato judicial del Estado: ahora, con la SB1070, quien no esté en posesión de la documentación requerida, no importa de qué tipo, incurrirá en un acto igualmente punitivo. Olvidar la documentación en el hotel y agredir a una anciana pasará a ser lo mismo. Las penas para este nuevo crimen van de seis meses de detención a multas por valor de US$ 2.500”. </p><p><br/> Para lograr que los trabajadores sin documentación sean arrestados, prosigue Camou Healy, “la ley obligará a la policía provincial a encontrar y a procesar a quien esté sin documentos, y la propia policía será objeto de sanciones si no lo hiciera”. En el pasado, era la patrulla de la frontera de EEUU —una organización federal muy diferente de la policía provincial o local— la que arrestaba a los inmigrantes ilegales, dijo Camou Healy. En general, esos funcionarios del Gobierno “no cuestionaban la situación de los inmigrantes, y hacían la vista gorda con los informantes de los ilegales. Jan Brewer, gobernadora de Arizona, dijo que la medida era necesaria, porque el Gobierno federal no protege la frontera y siempre acaba empujando a los trabajadores sin documentos a su Estado”. </p><p><br/> Camou Healy acusó al senador John McCain, republicano de Arizona, de haber apoyado la ley SB1070 después de empeñarse durante años en que EEUU aprobara una reforma de la ley de inmigración que fuera más clara y amplia no sería restrictiva, es decir, que abarcara más pero que endureciese las condiciones. “McCain rechazó completamente los principios y convicciones que defendió durante décadas, y protegió la ley racista. Habrá que ver cómo los hispanos que votaron por él en el pasado votarán en las próximas elecciones”. Aunque los partidarios de la SB1070 nieguen que la ley sea racista, Camou Healy dice que el apodo es “apropiado”, porque la ley concede a la policía el derecho de determinar el criterio adecuado que le permite separar a los sospechosos de los que no lo son. “No hay otro criterio en ese contexto excepto el acento, el color de la piel y la nacionalidad de la persona en cuestión”, dice él. </p><p>   </p><p>   </p><p>   </p><p><strong>Realizá un paseo virtual por las siguientes universidades:</strong><br/><br/><a href=https://orienta.universia.edu.uy/#universidades/11203--universidad-de-la-republica/ target=_blank>Universidad de la República</a><br/><a href=https://orienta.universia.edu.uy/#universidades/11202--universidad-catolica-del-uruguay/ target=_blank>Universidad Católica</a><br/><a href=https://orienta.universia.edu.uy/#universidades/11201--universidad-ort/ target=_blank>Universidad ORT</a><br/><a href=https://orienta.universia.edu.uy/#universidades/11204--universidad-de-montevideo/ target=_blank>Universidad de Montevideo</a><br/><a href=https://orienta.universia.edu.uy/#universidades/11200--universidad-de-la-empresa/ target=_blank>Universidad de la Empresa</a></p><p>   </p><p>   </p>

Aunque la mayor parte de los habitantes de Arizona apoye la SB1070, al sur de la frontera americana —y entre especialistas americanos en asuntos relacionados con EEUU y México—, la reacción ha sido casi siempre negativa. 


Hay un mosaico enorme de opiniones entre sus detractores sobre el impacto a largo plazo de la ley. En un extremo están las críticas procedentes de México, que acusan a la ley de racista, comparándola con algunos de los peores excesos de la Alemania nazi. Sus detractores aseguran que la ley podría perjudicar las relaciones interculturales y de raza en Arizona, al mismo tiempo de lo poco, o nada, que contribuye a poner fin a la inmigración ilegal.


“Tenemos que declarar la guerra a Arizona”, escribió el columnista Ricardo Rocha en el periódico El Universal de México. “Los mexicanos deberían boicotear completamente al Estado: no deberían comprar los productos locales, deberían abstenerse de viajar hacia la región y evitar entrar en sus universidades. Esa ley injuriosa recuerda a la Alemania nazi, cuando los judíos tenían pavor de salir a las calles”, añadió.


Los mexicanos que desaprueban el proyecto de ley dicen que México tendría que asumir también parte de responsabilidad por la popularidad de la ley, y que EEUU y México deberían, en realidad, negociar una reforma amplia de la inmigración, si es que existe realmente alguna esperanza de detener la llegada de ilegales. En algún punto en medio de todo esto está el Gobierno mexicano, que no se siente totalmente decidido a acusar de forma muy seria a Arizona, ya que el Gobierno de Obama también critica la SB1070.


El 22 de junio, México presentó un recurso ante el tribunal federal de EEUU en Arizona con el que desafía la constitucionalidad de la ley y solicita que “no sea sancionada”. Con esto, el Gobierno mexicano no dice nada diferente a lo que otros están diciendo. El presidente Barack Obama dijo que el Gobierno americano desafiará el proyecto de Arizona en el tribunal federal. Los ayuntamientos de Seattle y Baltimore aprobaron resoluciones contra la ley, impidiendo inclusive que trabajadores municipales viajaran a Arizona. El Partido Acción Nacional de México (PAN), por su parte, convocó un boicot total al turismo mexicano en Arizona.


“En general, hay diversas opiniones en México sobre esa ley, y son todas negativas”, dice Rodolfo Cruz, profesor del departamento de estudios de población en la Facultad de la Frontera Norte, en Tijuana, México. “Entendemos la posición de aquellos que quieren boicotear Arizona, sin embargo el posicionamiento del Gobierno mexicano no es tan duro porque existe interés por mantener relaciones comerciales y económicas con el Gobierno americano”.

“No hay un solo académico en México que diga que la ley es buena, pero hay quienes quieren que el Gobierno reaccione mediante un posicionamiento más contundente que favorezca el surgimiento de empleos de mejor calidad en México”, dice Cruz.


¿Es la nueva ley realmente racista?

Ernesto Camou Healy, investigador del CIAD, Centro de Investigaciones de Alimentación y Desarrollo en Hermosillo, México, señala que “en el fondo, la SB1070 dice que las personas que están en Arizona sin la documentación exigida a los inmigrantes (pasaporte, visado, permiso de residencia, etc.) son criminales y deben ser procesadas” por las autoridades locales. “Si alguien roba o mata, es evidente que debe ser procesado por el aparato judicial del Estado: ahora, con la SB1070, quien no esté en posesión de la documentación requerida, no importa de qué tipo, incurrirá en un acto igualmente punitivo. Olvidar la documentación en el hotel y agredir a una anciana pasará a ser lo mismo. Las penas para este nuevo crimen van de seis meses de detención a multas por valor de US$ 2.500”.


Para lograr que los trabajadores sin documentación sean arrestados, prosigue Camou Healy, “la ley obligará a la policía provincial a encontrar y a procesar a quien esté sin documentos, y la propia policía será objeto de sanciones si no lo hiciera”. En el pasado, era la patrulla de la frontera de EEUU —una organización federal muy diferente de la policía provincial o local— la que arrestaba a los inmigrantes ilegales, dijo Camou Healy. En general, esos funcionarios del Gobierno “no cuestionaban la situación de los inmigrantes, y hacían la vista gorda con los informantes de los ilegales. Jan Brewer, gobernadora de Arizona, dijo que la medida era necesaria, porque el Gobierno federal no protege la frontera y siempre acaba empujando a los trabajadores sin documentos a su Estado”.


Camou Healy acusó al senador John McCain, republicano de Arizona, de haber apoyado la ley SB1070 después de empeñarse durante años en que EEUU aprobara una reforma de la ley de inmigración que fuera más clara y amplia no sería restrictiva, es decir, que abarcara más pero que endureciese las condiciones. “McCain rechazó completamente los principios y convicciones que defendió durante décadas, y protegió la ley racista. Habrá que ver cómo los hispanos que votaron por él en el pasado votarán en las próximas elecciones”. Aunque los partidarios de la SB1070 nieguen que la ley sea racista, Camou Healy dice que el apodo es “apropiado”, porque la ley concede a la policía el derecho de determinar el criterio adecuado que le permite separar a los sospechosos de los que no lo son. “No hay otro criterio en ese contexto excepto el acento, el color de la piel y la nacionalidad de la persona en cuestión”, dice él.

 

 

 

Realizá un paseo virtual por las siguientes universidades:

Universidad de la República
Universidad Católica
Universidad ORT
Universidad de Montevideo
Universidad de la Empresa

 

 


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